¿Alguien trabajaría si se garantizara el ingreso con independencia del trabajo?

Una crítica muy frecuente al ingreso ciudadano es la que sostiene que “al disociar el ingreso del trabajo, haría caer inaceptablemente la oferta de mano de obra por debajo de los niveles necesarios para producir los bienes y servicios requeridos por la vida social, volviéndose de este modo insostenible”. Digamos ante todo que, si el ingreso ciudadano hiciera efectivamente que la mayoría optara por no trabajar, sería sin dudas una propuesta inviable. Y, según la opinión generalizada, si se garantiza el ingreso con independencia del trabajo, la mayoría optaría efectivamente por no trabajar. Pero ¿hay realmente razones que nos autoricen a sacar semejante conclusión? Tal conclusión supone que la gente sólo trabaja para no morirse de hambre, pero todo lo que sabemos de psicología nos indica que no sólo no es el instinto de supervivencia la única razón para que alguien decida emprender una actividad productiva, sino que tampoco constituye la única razón capaz de mover al trabajo a un número suficientemente significativo de personas. En primer lugar, el ingreso ciudadano sólo asegura un piso de ingresos. Muchas personas desearán que sus ingresos se eleven por encima de ese piso para acceder a un mayor nivel de consumo o al mayor status social asociado a él, y para eso deberán dedicarse a actividades productivas. En segundo lugar, los seres humanos necesitamos ser reconocidos y apreciados, y en nuestras sociedades el reconocimiento social va usualmente unido, bien al status asociado a una alta capacidad de consumo, bien al desempeño de alguna actividad considerada útil a la sociedad, o valorada socialmente por alguna razón. El desempeñarse bien en su profesión, o simplemente el ser persona “de trabajo” suele ser fuente de reconocimiento social y es valorado por esa razón. En tercer lugar, existe una fuerte “ética del trabajo” (impulsada, por lo demás, por una potente campaña mediática) que constituye por sí misma una motivación para un gran número de individuos, que consideran un deber moral “ganarse el pan con el sudor de su frente”. En cuarto lugar, los individuos necesitamos dar sentido a nuestras vidas mediante proyectos o desafíos. Por las razones apuntadas anteriormente, no es de extrañar que, para la mayoría de las personas, una parte central de ese proyecto tenga que ver con seguir una “vocación” ligada al ejercicio profesional. En quinto lugar, los seres humanos necesitamos estímulos, no menos que confort. Muchos trabajos (aunque no la mayoría) ofrecen oportunidades de desarrollar actividades gratificantes, que contienen un atractivo intrínseco. En estos casos, el carácter mismo de la actividad constituye una motivación para realizarla.

Aunque el impacto del ingreso ciudadano sobre la oferta de mano de obra es una cuestión fáctica que debe determinarse empíricamente, todas estas motivaciones, que pueden actuar solas o combinadas,  constituyen otras tantas razones para pensar que un estudio empírico serio arrojará resultados bastante distantes de los que se siguen del simplismo motivacional de ciertas concepciones muy difundidas.

 ¿Ayudaría el ingreso ciudadano a integrar a los excluidos?

Según otra crítica usual, “aunque el ingreso ciudadano solucionaría el problema de la pobreza, lo haría al precio de consolidar y legitimar la dualización de la sociedad (esto es, la división de la sociedad en dos grupos de personas: uno con buenos empleos, reconocimiento social y buen nivel de vida, y otro con empleos precarios, nulo reconocimiento social y un nivel de vida muy inferior)”. La idea que subyace a esta objeción es que el ingreso ciudadano se limitaría a otorgar un ingreso mínimo a los desocupados y subocupados, sin hacer nada por favorecer su acceso al mercado laboral, o a los empleos más atractivos intrínseca o económicamente. Esta suposición está nuevamente injustificada. Otra vez, se trata de una cuestión que sólo puede saldar una investigación empírica, pero, aquí también, hay razones para creer que tal investigación arrojará resultados distintos de los que presupone la objeción. En primer lugar, y como se indicó más arriba, el ingreso ciudadano liberaría a los desocupados de las trampas de inactividad asociadas a los subsidios condicionales. De este modo, les permitiría aceptar empleos que actualmente se ven obligados a rechazar, ya que sencillamente se sumarían a su renta básica, aumentando su capacidad de consumo, sin ponerlos en situación de riesgo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esto no sólo les permitiría aceptar empleos precarios e intrínsecamente desagradables (con vistas a incrementar en algo su nivel de ingresos); sino que también les permitiría aceptar empleos temporarios o ad honórem como medio para acceder a empleos estables, más agradables o mejor remunerados. En tercer lugar, un ingreso ciudadano haría posible la capacitación o la actualización que los ponga en mejor situación para acceder a empleos más interesantes intrínseca o económicamente. En cuarto lugar, un ingreso ciudadano hará probablemente que muchas de las personas que actualmente trabajan a tiempo completo, elijan hacerlo a tiempo parcial, o decidan tomarse licencias más prolongadas, o abandonar por un tiempo el empleo para dedicarse a la educación de sus hijos, o a actividades de formación, o simplemente para descansar. Al hacerlo, dejarán puestos de trabajo para aquellas personas capacitadas que actualmente se cuentan entre los desocupados. De este modo, el ingreso ciudadano promovería un reparto más equitativo de los empleos disponibles. En quinto lugar, al otorgar a cada uno un ingreso constante, el ingreso ciudadano haría más fácil y menos riesgoso el iniciar un microemprendimiento individual o colectivo. De este modo, los actuales desempleados podrían convertirse, con ese pequeño capital, en autoempleados, o asociarse en emprendimientos cooperativos con menores costos y mayores perspectivas de éxito que las que tienen actualmente.

Por tanto, es posible pensar que un ingreso ciudadano, antes que consolidar la dualización de la sociedad, proporcionaría un arreglo institucional capaz de jugar un papel en la solución de ese problema.